La represión no alcanza para vaciar las calles

En lo que va de 2026, las protestas vienen ocupando un lugar central en la agenda internacional. La particularidad de las últimas semanas es su concentración temporal. En apenas una misma semana, Francia, Italia, Suiza, Polonia y Bangladesh fueron escenario de movilizaciones, huelgas o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los reclamos van desde el costo de vida, los salarios y el deterioro de los servicios públicos hasta cuestiones institucionales, educativas o vinculadas con conflictos internacionales. Sin embargo, entre escenarios tan distintos aparece un patrón especialmente relevante, la respuesta de los Estados frente a quienes protestan.

Entre las respuestas más comunes a estas protestas tenemos: gases lacrimógenos, cañones de agua, proyectiles de goma, granadas de estruendo, cargas policiales y hasta detenciones. Frente a este escenario surge una pregunta que atraviesa desde hace décadas los estudios sobre protesta y represión: ¿hasta qué punto la represión logra vaciar las calles y en qué momento comienza, en cambio, a llenarlas?

Una primera aproximación a esta relación puede encontrarse en Davenport (2007). El autor define la represión estatal como el uso o la amenaza de sanciones físicas por parte del Estado con el objetivo de imponer costos y disuadir conductas o creencias consideradas desafiantes para las autoridades, sus prácticas o sus instituciones. Dentro de esta concepción incluye acciones que afectan libertades como las de expresión, reunión y asociación, así como la posibilidad de realizar protestas, piquetes o huelgas pacíficas sin sufrir sanciones.

Pero la cuestión adquiere especial relevancia cuando la represión ocurre dentro de sistemas democráticos. Davenport identifica como uno de los principales hallazgos de esta literatura lo que denomina domestic democratic peace o paz democrática doméstica. La idea parte de que las democracias deberían presentar menores niveles de represión estatal porque sus propias instituciones aumentan los costos de ejercerla. En otras palabras, una democracia debería contar con mecanismos diferentes a la coerción para gestionar el conflicto. La protesta puede canalizarse mediante elecciones, negociación, representación política o participación institucional (Davenport, 2007).

Sin embargo, no cualquier aumento de la democracia produce necesariamente una disminución de la coerción. Davenport (2007) observa incluso que los procesos de democratización pueden atravesar etapas de mayor represión y que el efecto pacificador aparece especialmente cuando las instituciones alcanzan elevados niveles de competencia, participación y controles sobre el poder. También señala que, si no existen mecanismos capaces de vincular una acción represiva con costos políticos concretos para quienes la ordenan, las instituciones democráticas pueden no cumplir la función limitante que teóricamente se espera de ellas.

Los acontecimientos recientes permiten observar esta tensión. Uno de los casos más visibles es Francia, donde durante tres fines de semana consecutivos cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y la violencia policial. El movimiento comenzó con reclamos estudiantiles vinculados con las condiciones de la educación y posteriormente incorporó sindicatos y otros sectores sociales. En París, manifestantes y fuerzas de seguridad protagonizaron fuertes enfrentamientos, particularmente en los alrededores de Porte de Charenton. Algunos grupos arrojaron adoquines y artefactos incendiarios, mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos y cargas para dispersar las protestas. También hubo incidentes en Lyon, Marsella y otras ciudades.

El caso francés resulta especialmente interesante porque la intervención policial no puso fin inmediatamente a las manifestaciones. Las convocatorias continuaron durante varias semanas y fueron incorporando nuevos sectores. Esto no permite afirmar que la represión haya provocado por sí sola el crecimiento de las protestas, pero sí conduce a otro concepto especialmente útil para comprender la relación entre coerción y movilización, el backfire.

Hess y Martin (2006) utilizan este término para describir aquellos casos en los que una acción represiva genera un efecto contrario al que buscaban quienes la llevaron adelante. El backfire se produce cuando un episodio represivo se hace público, es percibido como injusto y provoca indignación contra quienes ejercieron esa represión. En lugar de generar pasividad, el episodio puede aumentar el apoyo hacia quienes fueron reprimidos, ampliar la solidaridad con la protesta y estimular nuevas formas de movilización (Hess y Martin, 2006).

En Suiza, cientos de personas se movilizaron en Zúrich durante una jornada vinculada con las protestas juveniles que recorren otros países europeos. Allí, la policía utilizó cañones de agua, gases irritantes y proyectiles de goma frente a barricadas, incendios y enfrentamientos. Posteriormente, las movilizaciones alcanzaron Basilea, donde volvieron a producirse incidentes.

La circulación de imágenes de cargas policiales, detenciones y enfrentamientos introduce además una dimensión transnacional. Aunque los reclamos nacionales no sean idénticos, esas imágenes pueden funcionar como referencias compartidas entre grupos que enfrentan frustraciones similares. Cuando un acontecimiento abandona el espacio concreto en el que ocurrió y alcanza audiencias más amplias, también aumenta su capacidad para provocar indignación y solidaridad.

En Italia, estudiantes compartieron las calles con trabajadores y movimientos sociales durante una huelga general de 24 horas desarrollada en decenas de ciudades. Los manifestantes reclamaron aumentos salariales frente al incremento del costo de vida, mayor inversión en educación y salud y cuestionaron el aumento del gasto militar del gobierno de Giorgia Meloni. En Génova, miles de personas, entre trabajadores portuarios y estudiantes, participaron además en acciones contra el transporte de armas. Si bien la mayor parte de las movilizaciones fueron pacíficas, también se registraron enfrentamientos y detenciones en distintos puntos.

Fuera de Europa, Bangladesh ofrece un escenario diferente, pero atravesado nuevamente por las dimensiones económica y represiva. Miles de trabajadores de la industria textil salieron a las calles de Daca y otras ciudades industriales para exigir un aumento del salario mínimo, cercano a los 100 dólares mensuales. Las movilizaciones provocaron cortes de rutas y cierres de fábricas, mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas de estruendo. Los enfrentamientos dejaron heridos y detenidos.

Polonia, por su parte, presenta un escenario distinto. Allí, las protestas surgieron de una disputa institucional vinculada al control del Tribunal Constitucional. La suspensión temporal de sus principales autoridades provocó movilizaciones de sectores opositores frente al tribunal. La policía desplegó un amplio operativo y detuvo al menos a tres personas después de que algunos manifestantes intentaron atravesar el vallado y arrojaron objetos contra los agentes.

La comparación entre estos casos debe hacerse con cautela. No todas las intervenciones policiales pueden caracterizarse de la misma manera ni toda respuesta coercitiva desencadena necesariamente más protesta. Precisamente allí reside uno de los principales problemas planteados por la literatura. La represión puede aumentar los costos de participar, generar temor y reducir la cantidad de manifestantes; pero también puede producir el efecto contrario cuando quienes observan la actuación estatal la consideran injusta.

La incógnita, entonces, es qué sucede cuando esas demandas se encuentran con respuestas estatales cada vez más coercitivas. Si el objetivo de la represión es elevar el costo de protestar hasta desalentar la participación, los acontecimientos recientes obligan, al menos, a cuestionar su eficacia. La paradoja es que la eficacia de esas herramientas no puede medirse únicamente por su capacidad inmediata para dispersar una protesta. Vaciar una plaza no necesariamente significa desmovilizar un movimiento. Bajo determinadas condiciones, la misma intervención destinada a terminar con una protesta puede ofrecer nuevas imágenes, nuevos argumentos y nuevos participantes.

Fuentes:

Davenport, C. (2007). State repression and political order. Annual Review of Political Science, 10, 1–23.

della Porta, D. (2014). On violence and repression: A relational approach. Government and Opposition, 49(2), 159–187.

Earl, J. (2011). Political repression: Iron fists, velvet gloves, and diffuse control. Annual Review of Sociology, 37, 261–284.

Hess, D. J., & Martin, B. (2006). Repression, backfire, and the theory of transformative events. Mobilization, 11(2), 249–267.