Las discusiones que se cayeron en la grieta.

“No dar quórum también es trabajar y de hecho rindió sus frutos”. Esa fue la respuesta de la diputada Karen Reichardt a Julia Strada, vía X, ante las críticas por encontrarse presente en el recinto sin ocupar su banca, sino grabando desde el balcón un Congreso con un total de 136 bancas vacías. La falta de quórum resultó en la caída de la sesión que planeaba discutir la derogación del megadecreto 70/2023, buscar la prórroga de la Emergencia para la Discapacidad y el tratamiento de un proyecto para atender la problemática del endeudamiento familiar. Paralelamente, la convocatoria a la Quinta Marcha Federal Universitaria llenó las calles de varias ciudades argentinas de cientos de personas que exigían -y continúan exigiendo- el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. 

La acusación de Strada no es aislada. Cada vez que no hay quórum en el Congreso, muchos comentarios en redes sociales apuntan en una dirección similar: que cobran un sueldo y no hacen su trabajo, que deberían descontarles el día como a cualquiera, que habría que echarlos por abandonar sus puestos de trabajo, entre otros.

Sin embargo, hay dos cuestiones a distinguir en la frase de la diputada Reichardt: primero, no dar quórum puede formar parte de una estrategia parlamentaria destinada a impedir o postergar determinados debates. Así que en ese sentido, podría decirse que estaba cumpliendo de alguna forma su labor. Segundo, efectivamente la herramienta dio resultado, ya que la sesión se cayó. Pero que una estrategia sea legal y eficaz deja sin respuesta la siguiente pregunta: ¿Qué papel juega la responsabilidad de los representantes políticos ante los ciudadanos en comportamientos como estos?

La legalidad de una decisión no elimina la necesidad de discutir sus motivos, sus consecuencias y los intereses que busca defender. El problema aparece cuando la discusión sobre estas cuestiones es desplazada por las confrontaciones en clave partidaria, hasta el punto que terminan siendo empujadas a la grieta y en su lugar, queda la eterna pelea sobre quién está del lado correcto. Como si demostrar quién tiene la razón fuera más importante que escuchar a los jubilados de la ronda de los miércoles o analizar lo que hay detrás de la cifra creciente de morosidad. Cuando una decisión se evalúa solamente según quién la tomó, aparecen dos posibilidades; Si es una decisión propia, se buscan argumentos para defenderla. Si son decisiones del otro, se buscan argumentos para condenarla. En este escenario, la decisión misma y las consecuencias que tienen sobre la vida diaria quedan en un segundo plano. Defender una decisión no es lo mismo que explicarla, y tampoco es lo mismo que justificarla, ¿pero estamos examinando esos argumentos más allá de quién los pronuncia? ¿Qué diríamos si esos argumentos vinieran de un espacio político opositor? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a cuestionar una decisión de nuestro propio espacio si los argumentos no nos convencen?

Este intercambio entre la reflexividad ciudadana y la autocrítica de los funcionarios resulta una parte vital de la democracia. Las urgencias no deben ocultarse bajo gases lacrimógenos ni las explicaciones de las decisiones políticas deberían estar resumidas en una publicación de X. La responsabilidad política no consiste en satisfacer todas las demandas ni en alcanzar un consenso permanente. También es asumir que las decisiones tienen consecuencias y que quienes las toman deben poder explicar sus motivos. Sin esa posibilidad de cuestionamiento, el debate corre el riesgo de verse reducido a una disputa en la que importa más quién consigue imponerse. Limitar una decisión política a una función laboral, hablar de exponer a tibios y acuerdistas, cerrar el debate al establecer ganadores y perdedores: son ejemplos de cómo es posible correr el eje de una discusión en la que, en realidad, está en juego nuestro futuro.

Quizás el problema no sea que existan desacuerdos irreconciliables en la política, sino que cada vez resulta más difícil discutirlos sin convertirlos en una disputa de identidades. Una democracia no elimina el conflicto, no obliga a sus representantes a pensar de la misma manera. Su premisa fundamental depende de las diferencias y las posibilidades sobre el rumbo de lo público. Por eso mismo también necesita que las decisiones puedan ser cuestionadas más allá de las lealtades partidarias, porque la dificultad no nace de tener preferencias políticas; aparece cuando se convierten en el principal criterio para evaluar cualquier decisión. La pertenencia política puede orientar nuestras opiniones, pero no puede convertirse en la única figura de autoridad a la hora de debatir. De lo contrario, más que una discusión política, terminamos en medio de una serie de justificaciones y condenas cruzadas.

La discusión sobre el quórum es, en el fondo, una discusión sobre qué esperamos de quienes nos representan y de nosotros mismos. De ellos, que puedan explicar sus decisiones aunque sean legales y eficaces. De nosotros, que estamos dispuestos a pedir explicaciones y escucharla, sin importar “el bando” del que provengan.

En un contexto donde las identidades pesan más que los argumentos, esa doble exigencia puede parecer ingenua. Sin embargo, es lo único que sostiene la diferencia entre una democracia que procesa sus conflictos y otras que apenas los administra. Cuestionar no tiene porqué ser igual a acusar. Cuestionar puede ser el punto de partida para la comprensión.