¿Para qué quiere Milei que nazcan más argentinos?
Javier Milei volvió a hablar del aborto. Pero esta vez no se limitó a repetir su conocida posición en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. En el Council of the Americas, frente a empresarios, funcionarios y dirigentes políticos, decidió vincular directamente la legalización del aborto con uno de los principales desafíos demográficos de la Argentina.
“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, sostuvo. Y agregó que “esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre tiene costos para el crecimiento económico, el capital humano y el sistema previsional”. Hay algo extremadamente preocupante en esas palabras que va más allá de la discusión sobre el aborto. No solamente porque el Presidente de la nación utilice un lenguaje que deshumaniza a las mujeres que toman una decisión reproductiva que la ley permite. Sino porque, detrás de sus palabras, aparece una idea todavía más grave: la de que los hijos que nacen tienen un valor económico para el Estado y que las mujeres, al decidir si quieren o no ser madres, están interviniendo sobre una variable necesaria para garantizar el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema previsional.
Empecemos por reconocer lo que sí es cierto. Argentina enfrenta un problema demográfico que no debería ser ignorado. Los nacimientos vienen cayendo de manera sostenida y la estructura de la población está cambiando. En 2014 nacieron 777.012 niños y en 2024 fueron 413.135: en apenas diez años, la cantidad de nacimientos se redujo un 46,83%. Esto tendrá consecuencias. Una población con menos jóvenes y una proporción creciente de adultos mayores plantea desafíos para el mercado laboral, el sistema previsional, los sistemas de cuidado y las cuentas públicas. Es un problema que requiere planificación y políticas de Estado. El error de Milei no está en mirar la pirámide poblacional. Está en mirar solamente una parte de ella y encontrar rápidamente un culpable: las mujeres que decidieron abortar.
Porque una cosa es preguntarnos por qué la Argentina tiene cada vez menos nacimientos y otra muy distinta es afirmar que la causa es el aborto. La Ley 27.610 fue sancionada en diciembre de 2020, pero la caída de la fecundidad argentina es un proceso anterior. Entre 2005 y 2023, por ejemplo, la fecundidad adolescente se redujo un 64%, mientras que la fecundidad general cayó 46,1%. No hace falta ser especialista en demografía para comprender que un fenómeno que se desarrolla durante décadas no puede ser explicado por una ley aprobada hace menos de seis años. Hay cambios económicos, sociales y culturales mucho más profundos detrás de la decisión de tener menos hijos o postergar la maternidad y la paternidad.
El acceso a la vivienda, la precariedad laboral, los salarios, el costo de crianza, la dificultad de conciliar trabajo y familia, las transformaciones en los proyectos personales y la creciente participación de las mujeres en la educación y el mercado laboral forman parte de esa explicación. El problema demográfico existe. Lo que no existe es evidencia suficiente para reducirlo a los “pañuelitos verdes”.
Y acá surge una contradicción que personalmente me es imposible ignorar. Si realmente queremos que nazcan más argentinos, deberíamos preguntarnos primero qué condiciones estamos ofreciendo para que esos argentinos puedan vivir dignamente. Porque un nacimiento no termina cuando termina un embarazo. Después vienen veinte años —o muchos más— de alimentación, educación, salud, vivienda, cuidados, libros, transporte, actividades culturales, oportunidades laborales y acompañamiento. Un niño no se convierte mágicamente en “capital humano” el día que cumple dieciocho años. Antes de convertirse en un trabajador, un aportante o un profesional, necesita ser cuidado, educado y tener oportunidades. Y ahí es donde el discurso presidencial empieza a resultar contradictorio.
¿Qué sentido tiene hablar de la necesidad de aumentar los nacimientos mientras se deterioran las condiciones en las que esos niños van a crecer? ¿Qué sentido tiene hablar del futuro previsional de personas que todavía no nacieron si no estamos garantizando el presente de quienes ya están acá? ¿Qué sentido tiene preocuparse por cuántos argentinos habrá dentro de veinte años sin preguntarnos qué educación van a recibir, qué trabajo van a conseguir, si podrán acceder a una vivienda, o si tendrán la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida?
El propio Gobierno acaba de dar un ejemplo que resulta casi imposible no mencionar. En julio de este año, mediante el Decreto 687/2026, se dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, una institución creada en 1967, y se anunció en su lugar un Programa de Formación Artística para niños y adolescentes. El decreto sostiene que los objetivos pueden alcanzarse mediante un esquema diferente, con una utilización más eficiente de los recursos públicos.
Pero la discusión no debe ser solamente cuánto cuesta un coro. La pregunta es qué estamos entendiendo por educación y por desarrollo cuando hablamos de infancia. Porque un niño no necesita solamente comida y una escuela: también necesita cultura, arte, música, espacios de encuentro y oportunidades para descubrir qué quiere hacer con su vida. Si el Estado dice que necesita que nazcan más niños porque son el futuro del país, entonces debería estar dispuesto a invertir en ese futuro cuando esos niños efectivamente lleguen. Lo mismo ocurre con la educación superior. Mientras el Presidente habla de la necesidad de contar con más capital humano para sostener el crecimiento, las universidades públicas atraviesan una fuerte disputa presupuestaria con el Gobierno. Un informe reciente señala que entre 2023 y 2026 la inversión en ciencia y tecnología cayó 45,7% en términos reales y que las universidades sufrieron una reducción del 24,4%. La contradicción es evidente: se reclama la existencia de futuros trabajadores, profesionales y contribuyentes, pero al mismo tiempo se discuten los recursos necesarios para formar a esos futuros trabajadores, profesionales y contribuyentes.
No alcanza con que nazcan. Hay que darles un país en el que puedan crecer.
Y esta contradicción es todavía más evidente cuando hablamos de las mujeres. Porque si una de las razones por las que Milei considera preocupante la baja natalidad es que habrá menospersonas trabajando y aportando al sistema previsional, entonces resulta inevitable preguntarse qué lugar ocupa la mujer, la persona gestante en esa ecuación. ¿Es una ciudadana con autonomía sobre su propio cuerpo o es, en el razonamiento presidencial, una potencial cuidadora, trabajadora y futura aportante? ¿Cuánto vale una mujer para el Estado cuando decide no ser madre? ¿Y cuánto vale cuando sí lo es pero necesita políticas de cuidado, una licencia, una guardería o una jornada laboral compatible con la crianza? Estas preguntas importan especialmente porque el Gobierno parece tener una relación bastante particular con quienes ya trabajan y con quienes ya están jubilados. Resulta difícil escuchar que los futuros trabajadores son tan importantes para la sostenibilidad del país mientras quienes hoy trabajan enfrentan condiciones deplorables que el Gobierno presenta como necesarias para aumentar la productividad y reducir costos laborales, y mientras los jubilados continúan reclamando por ingresos que les permitan sostener una vida digna. Si el problema es que dentro de treinta años habrá menos aportantes para sostener las jubilaciones, la respuesta no debe consistir en mirar el cuerpo de las mujeres como una fábrica de futuros contribuyentes. Hay que discutir el sistema previsional, la informalidad, la productividad, el empleo, los salarios y las condiciones laborales de hoy.
Porque una mujer que aborta no le está “quitando” un trabajador al sistema previsional, y tampoco debería de ser obligada a atravesar un embarazo porque el Estado necesite, treinta años después, una persona que contribuya a sus cuentas públicas. El razonamiento invierte completamente la relación entre Estado y ciudadano: en lugar de que las instituciones estén al servicio de las personas, las personas pasan a ser consideradas recursos que el Estado necesita para funcionar.
En este punto es donde la defensa del aborto como derecho se vuelve inseparable de la defensa de los derechos humanos. La interrupción voluntaria del embarazo no obliga a ninguna mujer a abortar. No le impide a nadie ser madre. No determina qué debe hacer cada persona con su embarazo. Lo que hace es reconocer que una decisión de semejante dimensión no puede ser tomada por el Estado en lugar de quien atraviesa ese embarazo. La autonomía corporal, la igualdad y la posibilidad de construir un proyecto de vida propio forman parte de una concepción de derechos humanos que debería estar por encima de cualquier cálculo demográfico. No se plantea que las mujeres deban abortar, se debate que puedan decidir. Y decidir también significa poder elegir ser madre. Esta distinción es fundamental. Defender el aborto legal no significa estar en contra de la maternidad. Todo lo contrario: significa defender que la maternidad sea una elección y no una imposición. Una sociedad verdaderamente igualitaria debería permitirle a una mujer ser madre sin que eso implique abandonar su carrera, perder ingresos, quedar atrapada en tareas de cuidado o depender económicamente de otra persona. Debería permitirle también decidir que no quiere ser madre.
Ambas decisiones requieren libertad. Y ninguna debería estar determinada por las necesidades del sistema previsional. Si el Gobierno está verdaderamente preocupado por la natalidad, entonces debería preguntarse por qué tantas personas jóvenes postergan la decisión de tener hijos. Deberíamirar el precio de los alquileres, el costo de criar, la incertidumbre laboral, el acceso a jardines maternales, la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado, la dificultad de conciliar trabajo y familia y las expectativas que las nuevas generaciones tienen respecto de su futuro. Debería preguntarse por qué una persona que quiere tener un hijo siente que hacerlo puede significar dejar de estudiar, trabajar menos, abandonar un proyecto profesional o sumarse a una familia endeudada. Estas son las preguntas que incomodan al gobierno, entonces, culpar al aborto es mucho más fácil. Y tampoco podemos olvidar qué ocurre cuando el Estado abandona las políticas de salud sexual y reproductiva. Según los datos analizados por Chequeado, desde diciembre de 2023 el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó medicamentos para interrupciones voluntarias y legales del embarazo, mientras que las denuncias por barreras de acceso aumentaron fuertemente. Amnistía Internacional informó que en 2025 se triplicaron las denuncias recibidas por obstáculos para acceder a la IVE/ILE y que casi el 60% de las consultas estaban vinculadas a la falta de información sobre dónde y cómo acceder a un aborto. Es difícil hablar de libertad de elección cuando el Estado retira las herramientas necesarias para ejercerla.
También resulta preocupante que, al mismo tiempo que se utiliza el aborto como explicación de la baja natalidad, el Estado haya dejado de publicar regularmente información sobre la implementación de la política. Desde diciembre de 2023 se interrumpió la difusión periódica de datos oficiales sobre IVE/ILE, dificultando la posibilidad de evaluar la política, detectar desigualdades territoriales y saber qué está funcionando y qué no. Si el Gobierno cree que existe una relación causal entre aborto y natalidad, debería producir más evidencia, no menos.
Una política pública no se gobierna con consignas: se monitorea, se evalúa y se corrige apartir de datos. Y encuentro algo todavía más básico. La maternidad no es una política demográfica. El Estado puede y debe generar condiciones para que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo. Puede garantizar salud, educación, cuidados, vivienda, empleo y protección social. Puede diseñar políticas de acompañamiento a las familias. Puede incluso discutir estrategias demográficas de largo plazo, como lo hacen muchos países que enfrentan el envejecimiento de su población. Pero hay una frontera que no debería cruzar: convertir el cuerpo de las mujeres en un instrumento para resolver los problemas estructurales del Estado.
Si la Argentina necesita más trabajadores, no necesita más embarazos: necesita una economía capaz de generar empleos dignos. Si necesita más aportantes, necesita reducir la informalidad y discutir seriamente su sistema previsional. Si necesita más capital humano, necesita educación, ciencia y universidades fuertes. Si necesita que las personas formen familias, necesita vivienda, salarios y políticas de cuidado. Y si necesita que nazcan más niños, tiene que construir un país en el que sus padres puedan y quieran imaginar un futuro para ellos. El discurso de Milei parece invertir esas prioridades. Finalmente creo que hay que discutir también qué es lo que entendemos por “progreso”. Si el objetivo es únicamente tener más trabajadores, más consumidores, más contribuyentes y másaportantes previsionales, si vemos al país como una fábrica, entonces sí: probablemente cada nacimiento pueda ser pensado como una inversión futura. Pero personalmente me permito creer que hay que garantizar que las personas puedan desarrollar libremente sus proyectos de vida, que un niño no vale por lo que producirá cuando sea adulto, vale por sí mismo, y que una mujer tampoco vale por los hijos que pueda tener, sino por sí misma. Por eso me preocupa que el Presidente utilice una cuestión tan íntima como la decisión de ser madre para explicar problemas económicos que tienen causas mucho más profundas. Argentina tiene una crisis demográfica, sí. Pero también tiene problemas de vivienda, empleo, educación, salud, cuidados, salarios, desigualdad y oportunidades. Es mucho más cómodo señalar a las mujeres que mirar de frente esas dificultades. Es más sencillo decir que el problema son los “pañuelitos verdes” que preguntarse por qué una generación entera no encuentra las condiciones para imaginar una familia en el futuro. La discusión que deberíamos estar teniendo no es cuántos niños necesita el Estado. Es qué país queremos ofrecerles a los niños que ya están y a los que nazcan mañana. Uno en el que puedan estudiar, acceder a la cultura, desarrollar sus capacidades, tener una vivienda, recibir atención sanitaria, jugar, crear, equivocarse y construir su propio proyecto de vida. Un país que no solamente celebre el nacimiento, sino que esté dispuesto a invertir en la persona que viene después.
Pero Milei tiene razón en algo: la Argentina no puede ignorar su transformación demográfica. Precisamente por eso necesitamos una discusión mucho más seria que la que tuvo lugar hoy en el Council of the Americas. Necesitamos políticas familiares que no obliguen, sino que acompañen; políticas de cuidado que no recaigan principalmente sobre las mujeres; educación pública que forme ciudadanos y no solamente trabajadores; universidades y ciencia que produzcan conocimiento; cultura que permita que los niños descubran quiénes quieren ser; y un sistema económico que haga posible pensar en el futuro sin que formar una familia parezca un lujo. El estado no puede decidir cuántos hijos debe tener una mujer para que cierren las cuentas públicas.
El futuro demográfico de la Argentina no se va a resolver obligando a las mujeres a parir. Se va a resolver haciendo que vivir, estudiar, trabajar, cuidar y formar una familia sean proyectos posibles.
Porque un país no demuestra cuánto valora la vida contando cuántos niños nacen. Lo demuestra por lo que está dispuesto a hacer por ellos después de que nacen. Si realmente queremos construir el futuro, dejemos de mirar a las mujeres como herramientas para producirlo. Empecemos, de una vez, a construir un país en el que valga la pena vivirlo.
